Tal vez el caso de José Luis Herrera sirve para explicar mejor que ningún otro hasta qué punto la desidia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento a la hora de desarrollar el proyecto de las 'tecnocasas' ha supuesto no solo una ruina visible para el casco antiguo de Málaga, sino también una ruina para muchos particulares. José Luis es el propietario del edificio que hasta hace pocos días se ubicaba en el número 24 de la calle Cobertizo del Conde, en la zona situada entre las Lagunillas y la Cruz Verde. Es la casa de su familia desde que su madre la compró a mediados del pasado siglo.
En agosto de 2005, este particular solicitó licencia de obras para reemplazar el inmueble por otro de nueva construcción, un permiso que el Ayuntamiento le denegó pero que, tras recurrirlo en los tribunales, le fue concedido en septiembre de 2007. Sin embargo, esta licencia le llegó dos meses después de que el Consistorio, de acuerdo con el Gobierno andaluz, incluyera su propiedad entre las que se tenían que expropiar de forma forzosa para dar paso a una de las promociones de las llamadas 'tecnocasas'.
Resignado a que ese tenía que ser el fin de la casa, José Luis Herrera aceptó en 2009 que se la expropiaran por 290.204 euros. Tras el disgusto inicial de tener que desprenderse de ella y de no poder acometer su proyecto inicial, pensó que ahí terminaba la historia, cobraría el dinero y punto. Sin embargo, eso no era más que el inicio de un calvario que ya va para tres años.
Su abogado, Manuel Jiménez, del despacho Ius Urbis, explicó que, como muy tarde, debería haber ingresado el dinero el 16 de junio de 2010 y que, tras reclamarlo, la Gerencia Municipal de Urbanismo rechazó su petición alegando que no tenía límite de tiempo para pagar. Esta respuesta ha sido recurrida en los tribunales por este vecino.
Pero la historia no termina ahí. Y es que hace pocas semanas, Urbanismo decide que hay que derribar la casa, y otra adyacente, porque su estado de ruina supone un peligro para los viandantes. Así lo hace y, como el propietario de la finca sigue siendo José Luis, le pasa la factura de la demolición, pese a que su coste ya está descontado del precio de la expropiación pactado hace tres años y que todavía no ha cobrado porque la Junta no ha liberado el dinero. «Me siendo humillado por las administraciones públicas de Málaga. Esto solo sucede en este país», afirma José Luis que, a sus 75 años, ya ha pasado por dos infartos y en las próximas semanas se someterá a una delicada operación.
Diario Sur, 21/08/2012
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