A pesar de los reiterados informes negativos de la propia Delegación de Cultura y de la reciente protección como Bien de Interés Cultural del Centro Histórico de Málaga, la Fiscalía Provincial decide archivar la denuncia presentada contra el hotel Moneo con argumentos que bien podría esgrimir la promotora Braser: no está protegido el edificio (lo estuvo y se le retiró), no pertenece al BIC del Centro Histórico (sí que pertenece) situación de ruina de otros edificios demolidos (otros que ardieron sospechosamente, no la Mundial), expediente de larga tramitación (porque no cumplía la normativa ), informe favorable de Cultura (también los hay en contra)...
Con la actual situación de crisis general que vivimos ¿podemos permitirnos una administración como la Fiscalía Provincial que no cumple su función? ¿Cuánto nos cuesta al año esta institución?
Cuando se saltan leyes, normas y reglamentos en un tema tan sensible como el patrimonio y el urbanismo ¿qué necesita el señor fiscal para intervenir?
Y ya por último ¿la Justicia en España es un poder realmente independiente o está en manos de los políticos, como el resto de poderes?
Que cada uno saque sus conclusiones.
(Torre Vigía)
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Los inmuebles de la zona urbana a la que se refiere la demanda no se encuentran incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz ni ostentan la condición de Bien de Interés Cultural
La Fiscalía provincial de Málaga ha archivado la denuncia que un particular interpuso contra el Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía por "autorizar de forma arbitraria y discrecional" el proyecto urbanístico e inmobiliario en la zona de Hoyo Esparteros, el cual permitirá eliminar parte de la actual trama urbana y, en su lugar, levantar un hotel que llevará la firma del arquitecto Rafael Moneo, según pudo saber este periódico.
Para la Fiscalía, los inmuebles de la zona urbana a la que se refiere la demanda no se encuentran incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, mientras que tampoco ostentan la condición de Bien de Interés Cultural en cualquiera de sus categorías. Por tanto, "no cabe hablar de delitos contra el patrimonio", al no tratarse de un bien que resulte protegido por su valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental.
Según el Ministerio Público, el Ayuntamiento ha aportado un informe jurídico en el que se hace constar la existencia de distintas resoluciones, que declaraban la "ruina inminente" de diversos edificios de la zona. Una circunstancia que, "indudablemente", hacía necesario proceder a su demolición, de forma que no se aprecia "irregularidad alguna con trascendencia penal".
Otros documentos facilitados por el Consistorio resaltan también que se trata de un expediente "de larga tramitación" iniciado en el año 2000 y en el que han existido diversas alegaciones y contestaciones a las mismas, hasta su total aprobación.
Por su parte, como refleja el informe remitido por la Consejería de Cultura, "toda decisión pública contiene ciertas dosis de discrecionalidad en la valoración y ponderación de los distintos valores en conflicto". En la tramitación de los expedientes administrativos, para la modificación de elementos urbanísticos, en opinión de la Fiscalía, hay que tener en cuenta "la existencia de varios documentos" del área de Cultura, que resultan "motivados y razonados", por lo que "difícilmente" puede imputarse arbitrariedad.
Para la Fiscalía, los inmuebles de la zona urbana a la que se refiere la demanda no se encuentran incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, mientras que tampoco ostentan la condición de Bien de Interés Cultural en cualquiera de sus categorías. Por tanto, "no cabe hablar de delitos contra el patrimonio", al no tratarse de un bien que resulte protegido por su valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental.
Según el Ministerio Público, el Ayuntamiento ha aportado un informe jurídico en el que se hace constar la existencia de distintas resoluciones, que declaraban la "ruina inminente" de diversos edificios de la zona. Una circunstancia que, "indudablemente", hacía necesario proceder a su demolición, de forma que no se aprecia "irregularidad alguna con trascendencia penal".
Otros documentos facilitados por el Consistorio resaltan también que se trata de un expediente "de larga tramitación" iniciado en el año 2000 y en el que han existido diversas alegaciones y contestaciones a las mismas, hasta su total aprobación.
Por su parte, como refleja el informe remitido por la Consejería de Cultura, "toda decisión pública contiene ciertas dosis de discrecionalidad en la valoración y ponderación de los distintos valores en conflicto". En la tramitación de los expedientes administrativos, para la modificación de elementos urbanísticos, en opinión de la Fiscalía, hay que tener en cuenta "la existencia de varios documentos" del área de Cultura, que resultan "motivados y razonados", por lo que "difícilmente" puede imputarse arbitrariedad.
Málaga Hoy, 10/09/2012
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