Enrique Linde, presidente de la Autoridad Portuaria y máximo responsable de la inminente demolición del Morro de Poniente se enfrenta al desastre de su propia gestión a 3 meses de jubilarse.
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Las aguas pasan bastante revueltas por el puerto malagueño. En el consejo de administración de sus responsables que ayer se celebró se escenificó la tensión que se vive desde hace meses en los despachos, y todo a cuenta del accidente que protagonizó hace tres años un buque, un suceso que ha tenido unas consecuencias imprevisibles. La colisión del barco tanque Stolt Capability el 13 de febrero de 2008 contra el atracadero sur de cruceros, cuando realizaba una maniobra bajo un fuerte temporal de levante, dañó gravemente la estructura del muelle, que había sido inaugurado apenas dos meses antes. Fue necesario inspeccionar el estado de esta infraestructura para determinar los daños causados, y ahí empezó todo.
Los técnicos encargados de dicha inspección submarina comprobaron que bajo las aguas se habían hecho unas obras que no se correspondían con el proyecto contratado y abonado a la empresa Sando. En concreto, lo que tenían que ser 54 pilotes de 1,5 metros de diámetro tenían en realidad un grosor de 1,4 metros, y 33 columnas de un metro de sección eran 28. La Inspección de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, concretó en 515.182 euros lo que se abonó a Sando sin que ello se tradujera en las obras contratadas y ejecutadas.
Una vez constatada esta irregularidad, el Puerto inició un proceso para depurar responsabilidades a instancias de su actual director, José Antonio Cafarena, que llegó al cargo hace dos años en sustitución de Manuel Conde, que dejó el puesto por jubilación. Ese proceso interno se materializó en el despido el pasado mes de enero del jefe de departamento de Infraestructuras, Juan Pablo Gómez de la Fuente, como responsable de las contrataciones. De nada sirvieron las explicaciones de este veterano ingeniero, que ha estado al frente de las obras portuarias durante un largo periodo de tiempo. Argumentó que el dinero pagado de más a Sando sirvió para compensar otros trabajos realizados por encima de lo contratado en otro lugar del puerto.
Gómez de la Fuente no se quedó de brazos cruzados y recurrió ante el Juzgado de lo Social número de 2 Málaga, que ha terminado por dar por bueno su despido tras un procedimiento en el que, según pudo conocer este periódico, los testimonios para favorecer al ingeniero expulsado terminaron por encender nuevas sospechas de trámites fraudulentos en las contrataciones del Puerto, lo que ha llevado al juzgado a dar parte a la Fiscalía para que investigue un presunto delito de falsedad documental que puede terminar costando alguna otra cabeza más.
Ante esta tesitura, su presidente, Enrique Linde, dio ayer cuenta de lo sucedido en el informe que expuso ante los miembros del consejo de la Autoridad Portuaria. Linde no quiso hacer declaraciones al respecto a este periódico al finalizar el consejo, en el que fue interpelado por el delegado sindical de UGT, Juan Antonio Triviño, quien le exigió que aportara documentación sobre lo expuesto.
Protesta
Triviño inició ayer un encierro en el edificio de la sede portuaria para exigir que se le entreguen los informes sobre el proceso laboral y judicial seguido en el caso del jefe de infraestructuras y que puede derivar en un procedimiento penal si el Ministerio Fiscal así lo decide a raíz de sus investigaciones. «Estamos hablando de algo de la suficiente gravedad como para que los miembros del consejo sean informados con la documentación correspondiente. Yo soy uno de esos miembros y no pienso moverme de aquí hasta que me entregue esos informes», manifestó el delegado de UGT, quien aseguró que su intención era pasar la noche en las oficinas portuarias a modo de protesta. «Algo debe de haber cuando el juez lo traslada al fiscal para que investigue», señaló.
Todo este asunto puede enturbiar los últimos meses de Enrique Linde como presidente del Puerto de Málaga. Se jubila el próximo mes de septiembre, aunque puede que permanezca en el cargo hasta las elecciones autonómicas, previstas para marzo del año que viene.
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Las aguas pasan bastante revueltas por el puerto malagueño. En el consejo de administración de sus responsables que ayer se celebró se escenificó la tensión que se vive desde hace meses en los despachos, y todo a cuenta del accidente que protagonizó hace tres años un buque, un suceso que ha tenido unas consecuencias imprevisibles. La colisión del barco tanque Stolt Capability el 13 de febrero de 2008 contra el atracadero sur de cruceros, cuando realizaba una maniobra bajo un fuerte temporal de levante, dañó gravemente la estructura del muelle, que había sido inaugurado apenas dos meses antes. Fue necesario inspeccionar el estado de esta infraestructura para determinar los daños causados, y ahí empezó todo.
Los técnicos encargados de dicha inspección submarina comprobaron que bajo las aguas se habían hecho unas obras que no se correspondían con el proyecto contratado y abonado a la empresa Sando. En concreto, lo que tenían que ser 54 pilotes de 1,5 metros de diámetro tenían en realidad un grosor de 1,4 metros, y 33 columnas de un metro de sección eran 28. La Inspección de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, concretó en 515.182 euros lo que se abonó a Sando sin que ello se tradujera en las obras contratadas y ejecutadas.
Una vez constatada esta irregularidad, el Puerto inició un proceso para depurar responsabilidades a instancias de su actual director, José Antonio Cafarena, que llegó al cargo hace dos años en sustitución de Manuel Conde, que dejó el puesto por jubilación. Ese proceso interno se materializó en el despido el pasado mes de enero del jefe de departamento de Infraestructuras, Juan Pablo Gómez de la Fuente, como responsable de las contrataciones. De nada sirvieron las explicaciones de este veterano ingeniero, que ha estado al frente de las obras portuarias durante un largo periodo de tiempo. Argumentó que el dinero pagado de más a Sando sirvió para compensar otros trabajos realizados por encima de lo contratado en otro lugar del puerto.
Gómez de la Fuente no se quedó de brazos cruzados y recurrió ante el Juzgado de lo Social número de 2 Málaga, que ha terminado por dar por bueno su despido tras un procedimiento en el que, según pudo conocer este periódico, los testimonios para favorecer al ingeniero expulsado terminaron por encender nuevas sospechas de trámites fraudulentos en las contrataciones del Puerto, lo que ha llevado al juzgado a dar parte a la Fiscalía para que investigue un presunto delito de falsedad documental que puede terminar costando alguna otra cabeza más.
Ante esta tesitura, su presidente, Enrique Linde, dio ayer cuenta de lo sucedido en el informe que expuso ante los miembros del consejo de la Autoridad Portuaria. Linde no quiso hacer declaraciones al respecto a este periódico al finalizar el consejo, en el que fue interpelado por el delegado sindical de UGT, Juan Antonio Triviño, quien le exigió que aportara documentación sobre lo expuesto.
Protesta
Triviño inició ayer un encierro en el edificio de la sede portuaria para exigir que se le entreguen los informes sobre el proceso laboral y judicial seguido en el caso del jefe de infraestructuras y que puede derivar en un procedimiento penal si el Ministerio Fiscal así lo decide a raíz de sus investigaciones. «Estamos hablando de algo de la suficiente gravedad como para que los miembros del consejo sean informados con la documentación correspondiente. Yo soy uno de esos miembros y no pienso moverme de aquí hasta que me entregue esos informes», manifestó el delegado de UGT, quien aseguró que su intención era pasar la noche en las oficinas portuarias a modo de protesta. «Algo debe de haber cuando el juez lo traslada al fiscal para que investigue», señaló.
Todo este asunto puede enturbiar los últimos meses de Enrique Linde como presidente del Puerto de Málaga. Se jubila el próximo mes de septiembre, aunque puede que permanezca en el cargo hasta las elecciones autonómicas, previstas para marzo del año que viene.
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